Durante más de un año hemos participado en audiencias en las que gran cantidad de testigos han dado su valioso testimonio. Hemos escuchado relatos que nos han sacudido emocionalmente, que nos han hecho percibir hasta donde ha llegado el horror que han vivido muchísimas personas, tanto durante los años en que los señores de la guerra sembraban la muerte y el dolor en nuestro paìs como durante los años que siguieron a ese triste período de la Argentina, incluso hasta el día de hoy ya que hemos presenciado cómo hay duelos que nunca se pudieron realizar como consecuencia de la metodología represiva de la dictadura.
Pudimos ser nosotros testigos de que el horror de esos años no pertenece aún al pasado, hemos visto personas que todavia no saben donde están ni qué pasó con sus seres queridos y hemos visto personas que han recuperado su identidad hace muy poco tiempo y que por lo tanto todavía tienen muy fresca y con dolor la herida abierta hace más de treinta años por quienes están siendo aquí juzgados y sus secuaces. Si pensamos que cuando este Ministerio Público ofreció prueba en la causa principal Abel Madariaga era aún un padre que buscaba a su hijo y ahora Abel y Francisco están juntos como querellantes en la causa, advertiremos que este juicio no se refiere sólo al pasado lejano y que los aquí acusados no son unos ancianos que hicieron mucho daño en un tiempo que ya nadie recuerda. La acción dañina aún persiste, el silencio, el no decir dónde están los jóvenes que fueron secuestrados siendo bebés es una continuidad de la conducta de aquellos años. De los treinta y cuatro casos, aún restan ocho personas por aparecer y veinte jóvenes aparecieron desde el inicio de la causa, una en pleno juicio. En el caso del imputado Videla, el silencio sólo lo rompe en una entrevista en la que reivindica su accionar como jefe de la dictadura pero, estando en desarrollo este juicio, nada dice sobre los bebés apropiados, lo que demuestra la voluntad de seguir avalando lo que hicieron en esos años.
Imaginemos que esas mujeres que un día se pusieron en marcha para buscar a sus nietos nunca lo hubieran hecho, que se hubiesen asustado ante la poderosa maquinaria que tenían enfrente, que le hubieran hecho caso a quienes les decían que estaban destruyendo sus vidas o que corrían peligro o peor aún que ya no tenía sentido sacarlos de las familias que los tenían, o que hubieran desistido por el transcurso del tiempo desanimadas ante el resultado negativo en la mayoría de los casos. Entonces, los nietos recuperados que hemos visto y escuchado aquí y tantos otros que no han declarado pero que en muchos casos han concurrido a diversas audiencias a acompañar a sus compañeros y compañeras, nunca habrían recuperado su identidad. El plan urdido por los acusados habría sido exitoso en su totalidad y no sólo parcialmente. Pero los acusados y todos quienes integraron esa maquinaria destructiva carecieron de imaginación como para que por sus mentes pudieran aparecer mujeres como María Isabel Mariani, Estela Carloto, Alicia de la Cuadra, Elsa Pavón, Rosa Roisinblit, y tantas otras. Ese fue su error, su falta de imaginación, su sentimiento de omnipotencia que les hizo creer que tejiendo una red protectora firme y segura -una red de pólvora y acero pero también formada por magistrados judiciales, eclesiásticos, medios de comunicación, etc.- los que se habían apoderado de los hijos de quienes ellos calificaban como subversivos podrían estar tranquilos y educarlos conforme a su ideología. Por supuesto que también los avances de la ciencia les jugaron una mala pasada, pero sin las abuelas y otros familiares el plan habría llegado a feliz término para los apropiadores por más que hubieran surgido los estudios de ADN. Sin desmerecer a miles de hombres y mujeres que resistieron a la dictadura y luego lucharon por la memoria y la justicia, puede afirmarse que los hombres que implantaron la más sangrienta y siniestra dictadura de la historia argentina fueron vencidos por el coraje de sencillas mujeres.
Los imputados pretenden hacernos creer que los casos de niños y niñas apropiados durante la dictadura fueron producto de conductas aisladas de individuos que formaban parte de la maquinaria represiva, los que aprovecharon esa situación para apoderarse de los hijos de las personas que estaban bajo su cautiverio, pero que de ninguna manera esos hechos responden a órdenes provenientes de los altos mandos disponiendo que ese sea el destino de los niños. Eso nos hace acordar a cuando para explicar lo inexplicable se referían a los excesos en la lucha antisubversiva en lugar de reconocer que habían aplicado un plan de represión ilegal y clandestino y que por decisión de ellos había miles de personas desaparecidas.
Todo lo que hemos visto y oído en estos meses nos permite afirmar con toda certeza que existieron órdenes emanadas de las máximas autoridades militares disponiendo, autorizando y permitiendo la entrega de hijos de las personas que ellos hacían desaparecer a otras personas que no fueran familiares. Esas órdenes superiores se insertaban en el plan sistemático general de represión ilegal, aquél que ya ha sido probado con creces desde la causa 13 en el año 1985 y que ha sido nuevamente confirmado en varios fallos condenatorios en distintos lugares del país en los últimos años. Ya se ha probado que por decisión de los mandos militares se aplicó una metodología consistente en secuestro, traslado a centros clandestinos de detención, tortura y luego en algunos casos la liberación o la peudolegalización mediante un decreto, o en la mayoría de los casos el homicidio y desaparición de los cuerpos.
De esa decisión que tomaron los mandos militares –uno de los principales el aquí imputado Videla- se deriva lo sucedido respecto de los niños y niñas apropiados. Si las personas por las cuales se reclamaba según las tristemente célebres palabras de Videla, eran una incógnita, no tenían entidad, no estaban ni vivos ni muertos, los hijos de las mujeres desaparecidas también debían ser una incógnita, una no entidad; fundamentalmente –aunque no exclusivamente-constituía una derivación natural que los bebés nacidos en cautiverio también pasaran a integrar esa categoría: las mujeres que no tenían entidad no podían parir seres humanos que pudieran ser inscriptos en el registro de las personas como hijos de esas desaparecidas. Esa realidad por ellos generada es la que los llevó a disponer de los hijos de las mujeres desaparecidas. Fue una consecuencia del plan de exterminio y de la garantía de impunidad que se buscaba con la metodología clandestina adoptada; la respuesta frente a la cuestión de los hijos se fue dando en forma contradictoria, con situaciones muy diferentes, pero con una generalidad y extensión en el tiempo y el espacio que permiten llegar a la certeza de que obedece a decisiones adoptadas en la cúspide del poder militar.
En el fallo de la causa 13 se diferenció la responsabilidad de los comandantes por el apoderamiento sistemático de bienes en beneficio propio –conducta que se consideró como necesariamente prevista y asentida por quienes dispusieron esa metodología represiva- de los casos de sustracción de menores, afirmando que la comisión de este delito sólo se había demostrado en forma ocasional, mencionándose a los menores Felipe Martín Gatica y María Eugenia Gatica. A juicio de este Ministerio Público también era necesariamente previsible que, al enviar grupos clandestinos a secuestrar personas mayoritariamente jóvenes y muchas de ellas mujeres, se iban a encontrar con niños o con mujeres embarazadas y que por lo tanto eran también responsables de lo que sucediera con ellos. En un fallo reciente –la causa seguida a Gregorio Rafael Molina-, la Sala IV de la Cámara de Casación ha sostenido que los abusos sexuales constituyen conductas criminales que se encontraron dentro de la discrecionalidad de la cual los comandantes dotaron a sus subordinados para cumplir con el plan criminal contra la población civil. No cabe duda que esos argumentos son perfectamente aplicables a los casos de apropiación de menores.
Además, desde el juicio a las juntas han aparecido innumerables pruebas de que se trató de una práctica sistemática ordenada por los mandos. Con el tiempo y el esfuerzo de muchas personas, la verdad que habían sepultado con tanto esmero los participantes en estos crímenes fue saliendo a la luz, sobretodo con la constante aparición de los jóvenes buscados. Cada joven al que se le restituye la identidad es un pasaje hacia la visibilidad de lo enviado a la oscuridad y al olvido; las madres desaparecidas siguen dando a luz más de treinta años después. Los que no tenían entidad pasaron a tenerla, los ni vivos ni muertos se mostraron vivos. Así fue como el rompecabezas se fue armando para finalmente llegar a este juicio en el que ha quedado demostrado con total certeza que no se trató de conductas ocasionales y que en distintos lugares existieron estructuras montadas para llevar a cabo la sustracción de los menores.
Obviamente ello ha sido tenido en cuenta por los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni en su voto en el fallo “Gualtieri Rugone de Prieto”, al expresar que “el crimen de autos no configura un hecho aislado, sino que respondió a una decisión general en el marco de una empresa criminal llevada a cabo por un aparato de poder del Estado violador de elementales derechos humanos.”
Sin duda es lamentable que esta causa recién se esté juzgando quince años después de iniciada, pero ese tiempo no ha sido en vano, en estos años parte de lo enviado a la oscuridad se hizo visible y ello ha permitido que las pruebas para este juicio sean irrefutables. En el año 2000, el Dr. Florencio Varela, Secretario del Menor y la Familia en los años en que se produjo la apropiación de estos menores y se destruyeron gran cantidad de familias, presentó un informe que ha sido incorporado por la defensa de Riveros, en el que se intenta demostrar que no existió ningún plan sistemático. Se intenta descalificar varios casos afirmando que aunque hubiera testigos del parto no se podía probar la sustracción del menor; ello en los casos de los hijos de Susana Pegoraro, Alicia Alfonsín de Cabandié, Patricia Rosinblit, María Hilda Pérez de Donda, Susana Leonor Siver, Liliana Pereyra, María Graciela Tauro, Norma Tato, Inés Ortega de Fossati, Silvia Quintela Dallasta, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y Liliana Fontana, entre otros. En todos estos casos –y en otros que menciona como el de Miriam Ovando- los hijos han aparecido y algunos han declarado en este juicio. En el caso de Ana Rubel de Castro directamente se cuestiona su existencia porque en ese momento no había datos acerca de quién era la mujer llamada Ana Castro cuyo parto había presenciado más de una testigo, pero ahora sabemos que fue ella y aquí declaró su hermana . En el caso de Sara Rita Méndez se pretende descalificar su testimonio poniendo en duda la existencia del menor; pues bien, en el juicio hemos visto a esa persona de cuya existencia dudaba el Dr. Varela, quien dado el cargo que ocupaba en esos años debió ser más cuidadoso antes de sembrar dudas sobre el reclamo de una madre que buscaba a su hijo. A Juan Gelman lo descalifica porque dice que está haciendo polìtica en Uruguay y pocos meses después de presentado el informe apareció Macarena Gelman. Cabe destacar que la Secretaría del Menor y la Familia intervino –entre tantos casos- en la entrega para adopción de la hija de Rosa Taranto de Altamiranda, quien recuperó su identidad años después del documento del Dr. Varela.
Se menciona en ese informe y en varias declaraciones que se entregaron gran cantidad de chicos a sus familias. Es evidente que no siempre resultaba tan fàcil disponer de los menores que estaban con las personas que secuestraban; no era lo mismo alterar la identidad de un bebe de meses que de un chico de dos o tres años –aunque sabemos que no fue imposible- y por lo tanto en la mayoría de los casos los dejaron en algún sitio o los hicieron aparecer; en algunos casos los dejaban en cualquier lugar sin identificar, que era otra forma de sustraerlos a la familia ya que luego un juez o jueza afín completaría la tarea dándolos en adopción. Por otra parte, muchos de los casos de chicos no secuestrados o entregados a sus familias eran hijos de personas que luego serían blanqueadas o liberadas; la regla –con sus excepciones- era que para sustraer una criatura al menos la madre debía desaparecer. De los treinta y cuatro casos, sólo en uno la madre sobrevivió; respecto de los padres sólo dos sobrevivieron, porque pudieron escaparse. La madre sobreviviente es Sara Méndez, pero como veremos más adelante siguió con vida por decisión de los militares uruguayos y contra la voluntad de los militares y agentes de inteligencia argentinos.
Para los militares y policías no era muy conveniente llenar los centros clandestinos de niños; sin duda su presencia perturbaría la siniestra tarea que allì desempeñaban. Pese a ello, en gran cantidad de casos esas criaturas secuestradas con sus padres fueron convertidas en botín de guerra, y ello no por un aprovechamiento circunstancial de algún personaje sino como consecuencia de decisiones de los altos mandos que los autorizaban a ese apoderamiento.
De los treinta y cuatro casos aquí analizados, sólo ocho fueron chicos ya nacidos cuando secuestraron a sus madres, algunos de pocos días de vida, otros de unos meses y algunos casos se trataba de niños de más de un año, incluso un caso de cuatro. No fueron los ùnicos, hubo varios más; en el juicio se mencionó a los dos hijos de Ana María Caracoche de Gatica –recuperados años después por su madre y su padre, una de ellas anotada como hija de un policía-, también a Marcelo y María de las Victorias Ruiz Dameri –abandonados en dos provincias para que los den en adopción-; el caso de Carla Artés Company que fue apropiada por Ruffo, el de José Sabino Abdala, el de Gabriel Cevasco y el de Horacio Pietragalla. Hubo muchos más.
Al analizar los hechos veremos que por sus caracterìsticas esos casos no pudieron suceder sin una decisión adoptada en los más altos mandos de las fuerzas; sólo eso explica que se pueda trasladar a una criatura de casi dos años de un paìs a otro, se la quede un oficial de policía anotándola como propia, alterando en más de un año la edad y haya que esperar a la democracia para hacer la denuncia (caso de Paula Logares), o que la bebé permanezca meses en una comisaría para ser entregada luego al oficial de ejército que mató a sus padres (caso de Victoria Montenegro), o que se traslade a dos chicos primero a Uruguay y luego a Chile para dejarlos en una plaza (Anatole y Victoria Julien Grisonas), o que se entregue una chiquita de ocho meses a un oficial del Primer Cuerpo de Ejército, habiendo estado la niña en un centro de detención al que concurría Suárez Mason (caso de Claudia Poblete), o que un agente de la SIDE se apropie de una niña de más de un año, hija de un matrimonio uruguayo secuestrados en la Argentina con la intervención de oficiales del vecino paìs (caso de Mariana Zaffaroni), o que en presencia de los más altos mandos militares y policiales en la ciudad de La Plata se apoderen de una beba de tres meses (caso Clara Anahí Mariani) o que un subcomisario consiga velozmente la adopción del hijo de una mujer secuestrada por fuerzas argentinas y uruguayas que luego fuera enviada clandestinamente al vecino país (caso Aníbal Simón Méndez).
En el caso de los tres hermanos Ruiz Dameri se puede observar cómo fruto de una misma decisión los dos hermanos mayores fueron dejados sin datos personales en dos ciudades para que sean adoptados y la menor –nacida en cautiverio- entregada a un personal de la prefectura que actuaba en la ESMA; claramente el objetivo era que ninguno de los tres pudiera ser criado y educado por su familia. Afortunadamente, muchos años después, esos tres hermanos han recuperado su identidad, lo que constituye una clara derrota de quienes intentaron desmembrar una familia.
En cuanto a los nacidos en cautiverio, en la mayoría de los casos la decisión fue que esos niños y niñas fueran a habitar ese siniestro mundo de Videla de las entidades ni vivas ni muertas. Los hijos nacidos en cautiverio seguirían siendo unos desaparecidos más, pero su destino sería diferente al de sus padres y madres: la decisión fue que esos niños y niñas no se criaran en familias a las que consideraban subversivas y asì evitar que repitieran la ideología y la conducta de sus progenitores. Vivirían pero con otra identidad, serían desaparecidos vivientes, se convertirían en una incógnita para sus familias igual que sus padres y madres, pero vivirían. Con esa decisión además solucionaban problemas familiares de muchos integrantes de las tres fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad y policiales, entregándoles los niños para que los eduquen conforme a su ideología. En algunos casos se los dieron a conocidos o familiares de militares o policías y en otros directamente los entregaron para que fueran adoptados por familias “occidentales y cristianas”, o sea no subversivas si recordamos que para Videla subversivo era todo aquél que tenía ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana.
Eso es lo que ocurrió en la mayoría de los casos de los nacidos en cautiverio; en la casi totalidad de los casos en que las mujeres que dieron a luz desaparecieron definitivamente, sus hijos fueron entregados a otras personas. Como dijo Laura Catalina De Sanctis Ovando, “era un requisito la desaparición de mis padres para quedarse conmigo”. Por supuesto que hubo excepciones pero ello no lleva a dudar ni por un segundo de la existencia de decisiones en el más alto nivel respecto de la apropiación. Recordemos que la dictadura se basaba en la arbitrariedad absoluta; nadie puede dudar de que los más altos mandos militares decidieron adoptar como metodología la represión clandestina y la desaparición de los cuerpos de sus vìctimas. Sin embargo, aunque la desaparición fue la norma, hubo innumerables excepciones, no sólo en cuanto a la aparición de los cuerpos de los asesinados sino también en cuanto a la liberación de personas que habían estado desaparecidas durante meses y aún años, muchos de los cuales han declarado en este juicio.
Cuando un régimen dictatorial pone la vida de personas a disposición de la mera voluntad de quienes detentan el poder, se producen innumerables situaciones en las que no hay que buscar ninguna lógica. Hay quienes aún siendo militantes de organizaciones polìticas armadas sobrevivieron por un simple acto discrecional de quienes se sentían dioses, asì como hubo quienes desaparecieron sólo por buscar a sus hijos o porque los represores estaban buscando a sus hijos y los secuestraban para llegar a ellos mediante la tortura, o porque por ejemplo el padre de Susana Pegoraro estaba con su hija cuando fue secuestrada, o porque el amigo de Marcelo Reinhold estaba con él cuando la patota lo secuestró, o porque Elsa Fernández -la madre de Aìda Sanz- había venido al paìs para acompañarla en el parto, y asì infinidad de casos. No es difícil comprender que cuando una de éstas personas le perdonaba la vida a sus cautivos era cuando más plenamente se sentían dioses ejerciendo la plenitud de su poder; claro que también sabían que esa actitud de perdonavidas debía ser la excepción porque de lo contrario ya pasaría a ser una muestra de debilidad. El placer del ejercicio de semejante poder sobre la vida de otros disminuye si la excepción deja de ser tal y además esto ùltimo afecta la eficacia del método elegido. Por eso la mayoría de los secuestrados fueron asesinados y la mayoría de éstos permanecen desaparecidos. El estado terrorista tenía en claro que para sembrar el terror debía actuar con la mayor arbitrariedad, que nadie supiera a qué atenerse, que reinara la incertidumbre, que nadie se diera por salvado pero tampoco por perdido y respecto de los chicos, que nadie pensara que sus hijos estaban exentos de ser vìctimas directas. Como declaró Paula Ogando en este juicio, ella no tiene la respuesta sobre el motivo por el cual sobrevivió, esa pregunta habría que hacérsela a los represores.
Respecto de los hijos e hijas que se encontraban con las personas que hacían desaparecer, la mayoría habrán sido entregados a sus familias pero fueron las máximas autoridades militares quienes facultaron a los que estaban en los centros clandestinos para que utilizaran discrecionalmente el poder de decidir qué se hacía con ellos y asì fue que varios fueron sustraìdos. Potencialmente los hijos de cualquier vìctima podían ser sustraìdos y esto era funcional para el aparato represivo, era otra forma sádica de infundir terror. Algunos, luego de presiones, fueron devueltos sin que se supiera donde estuvieron, como los chicos Whitelaw, caso mencionado por Robert Cox y que figura publicado en ese momento en el Buenos Aires Herald . También, el caso de Eduardo De Pedro, quien luego del asesinato de su madre estuvo tres meses secuestrado y fue devuelto a su familia sin que se sepa dónde estuvo en esos meses; se supone que por contactos militares y religiosos de su familia fue devuelto. Los hijos de Ana María Martì no se sabe donde estuvieron pero finalmente Roualdés le prometió su devolución y cumplió, al mismo tiempo que en la ESMA la liberaban a ella. Este caso es paradigmàtico: el destino de los hijos de Martì dependía de la voluntad de uno de los màximos jefes militares de la Zona I; por suerte para Martì y sus hijos Roualdés decidió devolverlos, pero podría haber ocurrido lo contrario ya que la maquinaria militar de la que formaba parte lo permitía; poco después con Claudia Poblete ocurrió lo contrario en un centro donde tenía mando Roualdés. Un caso similar al anterior sería el de Elena Alfaro: la escuchamos contar cómo cuando Suárez Mason le dijo que su hijo fuera criado por una familia militar, ella le contestó que había sido educada como católica y que su hijo era lo más importante y entonces el fallecido represor dispuso que la liberen.
Otros menores, ya adolescentes, como Pablo Mìguez –mencionado en el juicio por Lila Pastoriza y Susana Reyes como visto en la ESMA y en Vesubio- nunca apareció teniendo sólo catorce años y no fue él ùnico, recuerdo por ejemplo a Floreal Avellaneda de la misma edad cuyo cuerpo apareció en la costa uruguaya y por el cual ya existe condena; también el caso de Betina Tarnopolsky, de quince años, desaparecida junto a sus padres, su hermano y su cuñada luego de pasar por la ESMA. Estos casos indican que otra alternativa para los menores –sobretodo cuando por su edad ya no podían ser alteradas sus identidades- era el asesinato.
En la gran mayoría de los casos de mujeres que tuvieron sus hijos en cautiverio y ellas no aparecieron, sus hijos nacidos en los centros de detención o en hospitales militares fueron entregados a otras familias, ya sea directamente o por vía de adopciones. En algunos pocos casos como Greco, Rosenfeld y Coraza, sus hijos pudieron ser educados por sus familias; la discrecionalidad del poder absoluto les fue favorable, pero fueron la excepción que confirma la regla. Nunca sabremos por qué en esos casos se dio la excepción o qué tuvieron que sufrir esas madres para lograr aunque sea que sus hijos pudieran estar con sus familias. Recordemos también que hubo casos en que las mujeres fueron asesinadas estando embarazadas, como el de la esposa de Mario Galli mencionada en el juicio por sobrevivientes de la ESMA, o el caso de Ana María Pérez Sánchez que fue asesinada con su bebé a término y su cuerpo hallado en 1989, o los casos mencionados por Graciela Susana Geuna y Teresa Meschiati ocurridos en La Perla en donde se fusilaron embarazadas, se apropiaron de chicos y se entregaron otros, lo que muestra que las excepciones podían ser de diferente naturaleza. En muchos otros casos, como por ejemplo el de Mónica Brull, mencionado por el testigo Guillen, o el Cristina Maroco, mencionado por Ana María Caracoche, perdieron el embarazo por la tortura.
Distinta fue en principio la suerte corrida por los hijos de aquellas que los parieron en cautiverio pero finalmente fueron legalizadas o liberadas; si no desaparecían definitivamente no perdían sus hijos nacidos en cautiverio. De los veintiseis casos de nacidos en cautiverio que integran esta causa, ninguna de las madres reapareció. Los cientos de personas nacidas en cautiverio que aún falta recuperar son también hijos de madres desaparecidas.
Como puede notarse, esa conducta repetida no puede derivar de otro acto que no sea una decisión adoptada en los màximos niveles de los mandos militares. Ese tipo de conductas generales derivan de decisiones tomadas en la cúspide del poder, no hay una mano invisible que haya conducido a tantas personas a realizar esas conductas. Las fuerzas armadas, de seguridad y policiales se sustentan en una firme disciplina vertical que impide que esa clase de conductas se den en forma generalizada dentro de ellas. Es impensable un Ejército, una Armada o una policía que en esos años presentara un grado tal de anarquía en el que en distintas sedes militares o policiales bajo conducción militar y durante años, oficiales y suboficiales sustrajeran los hijos de las personas que tenían secuestradas y que lo hicieran a espaldas de sus mandos. No es concebible que por una extraña casualidad en las tres armas y en las distintas policías se diera esa aberrante conducta, no es creìble que generales, almirantes y brigadieres entrenados y acostumbrados a mandar y hacer lo necesario para que sus órdenes se cumplan hayan sido burlados reiteradamente por sus subordinados.
En Uruguay la dictadura no tuvo como metodología general la desaparición de personas, aunque hubo excepciones; en principio los enemigos de la dictadura eran encarcelados. Estela Carloto contó en su declaración que Bignone le había justificado el asesinato de los enemigos en que había visto lo que ocurría en Uruguay con los presos políticos. De esa decisión adoptada por la dictadura uruguaya se deriva que no haya existido una segunda decisión en el sentido de apoderarse de los hijos de sus enemigos y que los casos de apropiación de hijos de uruguayas se hayan producido en la Argentina, siendo el ùnico caso en el vecino paìs el de Macarena Gelman pero precisamente se trató de un secuestro producido en nuestro paìs aunque luego se haya entregado la bebé a una familia uruguaya como parte de la aplicación concreta del denominado Plan Cóndor. Esa comparación se puede hacer también con Chile, donde hubo muchos desaparecidos pero también se fusiló abiertamente a miles de personas y no se dieron casos de sustracción y cambio de identidad de menores, o con Bolivia, paìs en el que como declarara Carla Artés Company no se dieron casos como éstos. Todo esto demuestra que la apropiación de los niños y niñas se deriva del plan de exterminio y desaparición llevado a cabo por los responsables militares. En la audiencia se le preguntó a Adolfo Pérez Esquivel si de acuerdo a su conocimiento respecto a lo sucedido con los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas de esa época sabía de la existencia de una cuestión similar a lo sucedido en la Argentina con la apropiación de niños y respondió que no y que tampoco existía un organismo similar a Abuelas de Plaza de Mayo en ningún otro paìs. Idéntica respuesta dio el ex funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos Elliot Abrams. La Argentina ha sido trágicamente singular en este aspecto.
Tendríamos que remontarnos un siglo atrás de estos hechos para encontrar algo semejante. El 31 de diciembre de 1878 el diario “El Nacional” publicaba bajo el título “Entrega de indios”, lo siguiente: “Los miércoles y los viernes se efectuará entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de beneficencia”. El 21 de enero de 1879 figura la siguiente crónica: “Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se le quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos.” Estos hechos –que se pueden encontrar en Internet o en libros de Osvaldo Bayer, Felipe Pigna y muchos otros, así como en el inicio de la película “Botín de guerra” sobre los hechos aquí juzgados-, formaron parte de la llamada “Campaña del desierto”, que por lo visto no estaba tan desierto. En esa época le sacaban los hijos a los indígenas a plena luz del día; un siglo después, la dictadura, que celebraría con bombos, platillos y desfiles el centenario de ese hecho histórico, hizo lo mismo en centros clandestinos y se encargó de ocultar su siniestra obra.
Mediante esa pràctica sistemática se entregó niños a miembros de las tres fuerzas armadas, de la gendarmería, de la prefectura, de la policía federal, de la policía de la provincia de Buenos Aires y de los servicios de inteligencia. Además, miembros de esas fuerzas entregaron chicos a conocidos suyos. De los hijos restituìdos hay un total de 43 apropiados mediante alteración de la identidad por miembros de las distintas fuerzas o por personas vinculadas a ellos. Hay otros quince casos que fueron judicializados y dados en adopción sin que los jueces hicieran ningún acto para buscar a las familias biológicas y en algunos casos directamente ocultaran su identidad para darlos en adopción. Hay otros trece casos en que los niños fueron entregados a vecinos o abandonados por las fuerzas que secuestraron a sus padres en el momento del secuestro; como contó Ana María Caracoche en la audiencia, quienes la secuestraron le dieron su hijo a la vecina diciéndole que lo mataran, lo tiraran o hicieran lo que quisieran. Recordemos que quienes entregaban de esa forma y en esos términos a los chicos eran fuerzas del Estado argentino; si esa conducta se repitió y no sabemos que quienes lo hicieron tuvieran problemas con sus superiores –los sumarios militares incorporados a la causa 13 según la sentencia no tienen relación con ninguno de estos delitos-, es obvio que lo ùnico que hacían al entregar a esos niños o al abandonarlos era actuar conforme a las directivas superiores en el sentido de separarlos de sus familias. Algunos de esos chicos abandonados permanecieron internados en institutos de menores durante años porque la titular del juzgado no quería entregárselos a sus familiares.
Señalaré sucintamente en esta introducción las pruebas que surgen de este juicio que permiten afirmar que los casos que aquí están siendo juzgados son consecuencia de órdenes emanadas de las más altas autoridades militares.
En primer lugar la cantidad de hechos; no se trató de hechos aislados, se trata de cientos de jóvenes que están siendo buscados por sus familiares o a los que ya se les restituyó su identidad. Acà se juzgan treinta y cinco –en uno no acusa el ministerio público- pero hay muchas otras causas penales y ha habido varias condenas. Tampoco se puede descartar que existan más casos porque ya ha ocurrido que muchìsimos años después surgieran datos de que una mujer desaparecida estaba embarazada. Si en Argentina tenemos cientos de casos y en las dictaduras de paìses vecinos no hubo ninguno es porque aquí se tomó una decisión diferente que en esos paìses; de lo contrario tendríamos que pensar que por algún extraño motivo los policías y militares argentinos tenían una predisposición a apropiarse de chicos ajenos que los policías y militares uruguayos, bolivianos, chilenos y brasileños no tenían.
En segundo lugar, los diferentes lugares bajo el mando militar o policial donde se produjeron las apropiaciones. No se trató de un par de comisarías o de un cuartel. Tampoco se limitó a instalaciones de una fuerza sino que hubo maternidades en dependencias de la policía bonaerense, del ejército y de la armada. Si bien la mayoría se concentran en Capital y provincia de Buenos Aires hay hechos similares en otras provincias. Recientemente ha habido fallos condenatorios en las provincias de San Juan y Entre Rìos. En esta última provincia se condenó a oficiales como autores mediatos.
No estamos hablando de cuarteles o comisarías en zonas rurales. Hubo nacimientos en el Hospital Militar de Campo de Mayo, de madres provenientes de un centro clandestino ubicado en esa guarnición o provenientes de otros lugares. Un sector del hospital estuvo destinado a mujeres secuestradas, que no fueron anotadas y sus hijos tampoco. La decisión de que ello suceda no pudo provenir de un oficial cualquiera; es impensable que se pudieran trasladar personas secuestradas por Campo de Mayo en esos años sin una autorización de la màxima autoridad del lugar. Los partos sucedieron durante tres o cuatro años, o sea que existió una continuidad en el tiempo que demuestra que se trató de una práctica organizada desde los altos mandos.
Hemos escuchado testimonios acerca de por lo menos dos partos producidos en el Hospital Militar Central. Uno de esos testimonios muestra que el director del hospital estaba al tanto de lo que sucedía y que aceptaba las decisiones de un oficial de rango inferior que sin duda tenía la orden de alguien de màxima jerarquía, esto declarado por el testigo Carlos López López. Esto sucedía en un hospital ubicado en el barrio de Palermo, en una zona donde hay varios edificios que al menos en esos años eran habitados por militares y cuyas calles estaban custodiadas por militares. A ese hospital concurrían diariamente miles de personas, militares pero también sus familiares, personal civil y sus familias y también concurrían concriptos y además estaba custodiado por conscriptos, y sin embargo sus autoridades no tenían problema en tener parturientas que estaban secuestradas e infringir todas las normas sobre el registro de la mujer y del recién nacido. Si alguien cree que eso podía suceder sin una decisión de las máximas autoridades del Ejército es porque desconoce como funciona esa institución.
En el Hospital Naval de Buenos Aires hubo un caso de nacimiento por cesàrea, es el de la hija de Susana Siver de Reinhold, quien estaba secuestrada en la ESMA y fue trasladada al hospital porque allì no estaban en condiciones de hacer una cesàrea. Además, un médico del Hospital concurría habitualmente a la ESMA e incluso intervenía en partos en ese lugar.
En el Hospital Militar de Paraná también hubo casos, como se demostró en el reciente fallo por la apropiación de la hija de Raquel Negro.
El Hospital Militar de Córdoba también fue mencionado en el juicio, aunque allí habría habido resistencia de parte de médicos para colaborar en esos delitos.
El Pozo de Banfield fue un lugar donde se produjeron varios partos. Esto ocurrió en distintas épocas, hay nacimientos a fines del 1976, en abril del 77, a fines del 77, a principios del 78 y hasta en agosto de este ultimo año. O sea que no fue un caso aislado, ese lugar actuaba como sitio adonde se enviaba a mujeres con embarazo avanzado y allì nacían sus hijos en condiciones horrorosas. El Pozo de Banfield era una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, allí concurría el mismìsimo Ramón Camps; es evidente que éste sabía lo que allì ocurría y lo sabía porque él lo había ordenado, nadie puede imaginar que una dependencia policial pudiera hacer esa siniestra actividad a lo largo de casi dos años sin que ello fuera obra de una decisión de Camps. Tampoco cabe imaginar que éste lo hiciera a escondidas de sus superiores, de Suàrez Mason y de Videla. Era un oficial superior, su margen de decisión no era tal que le permitiera tener un lugar con esas caracterìsticas sin que ello obedeciera a una orden superior. Todo esto no era un hecho ignorado por otros oficiales; el Coronel Rodolfo Campos, subjefe de la policía con Camps, cuando su amigo de Lucchía le pide un chico sabe lo que tiene que hacer, como declarara Carlos Delia Casco. También escuchamos que Lidia Papaleo estuvo allì en abril de 1977 con el General Gallino, el oficial designado por el dictador Videla para el llamado caso Graiver, y que Papaleo le contó que había habido un parto en condiciones terribles y que le habían sacado la beba a la madre, lo que no significó ningún cambio pues con posterioridad hubo varios partos. Los últimos casos de partos y apropiación de los bebés se produjeron cuando ya estaba al frente de la policía el General Ricchieri, lo que demuestra la continuidad de esa práctica sistemática, cualquiera sea el que estuviese al frente de ese aparato de poder.
En la Comisaría 5ª de La Plata también hubo partos y se entregaron bebés. Allì concurría el Coronel Rospide, un hombre del staff de Camps –también hombre de confianza de Bignone, según declaró Estela Carlotto-, un oficial al que según Estela de la Cuadra concurrió Monseñor Piqui para exponerle sobre el caso de Elena de la Cuadra y su bebé. Una comisaría de la ciudad de La Plata no muy grande –como pudimos ver- tenía en el fondo gran cantidad de personas secuestradas y allì se produjeron partos. El titular de la comisaría le dijo a la Sra. De Mariani que era costumbre alterarles la identidad a los chicos y allí se instruyó el sumario por el hecho en el que desapareció su nieta. Sin duda se sentían con la impunidad garantizada y ello no podía obedecer a otra causa que no fuera que estaban actuando conforme a órdenes superiores.
En el hospital de la unidad carcelaria nª 8 de Olmos también hubo partos, varios de ellos de mujeres secuestradas en el centro clandestino de La Cacha, donde operaban ejército, marina, policía federal y bonaerense y servicios de inteligencia.
En la ESMA funcionó también un sector donde se ubicaba a las embarazadas y allì se trasladaba a mujeres embarazadas desde otros centros para que tuvieran sus hijos con atención de médicos navales. Fueron muchos nacimientos que se produjeron allì y existe prueba abundante acerca de que el titular de la ESMA, Chamorro, no sólo no ocultaba ante sus superiores lo que allì sucedía sino que además les mostraba su “sardà de izquierda”, como le decía. El destino de los niños y niñas nacidos allì fue la entrega a personas –la mayoría militares o de fuerzas de seguridad- para que las anoten como propios. Asì como ningún alto mando naval que tenía autoridad sobre la ESMA podía desconocer que por allì pasaban miles de personas secuestradas y que la mayoría de ellas eran luego asesinadas y sus cuerpos desaparecidos, tampoco podía ignorar lo que ocurría con las embarazadas y con sus hijos. Hemos escuchado testimonios acerca de la presencia en el lugar de Massera, Lambruschini, Vañek y otros altos oficiales. Esto ocurrió fundamentalmente durante los años 1977 y 1978 pero en 1980 hubo otro parto y la posterior apropiación del bebé, así como el abandono para adopción de sus dos hermanos. Cambiaban los comandantes, cambiaban los jefes de la ESMA pero la misma conducta criminal continuaba.
Automotores Orletti funcionó en plena Floresta, allì concurría el jefe de la SIDE que todas las mañanas se reunía con Videla. Militares uruguayos con autorización de las autoridades argentinas también actuaron allì. La comisaría de la zona sin duda sabía que allì funcionaba un grupo operativo que secuestraba gente. Allì dos agentes de la SIDE se apropiaron de dos chicas; esos dos agentes siguieron trabajando en el organismo y pese a los reclamos locales e internacionales nunca se les perturbó el dominio sobre las menores. De allì partieron dos chicos menores y una mujer embarazada rumbo a un aeropuerto para ser enviados a Uruguay. Nada de eso era improvisado ni estaba fuera de control.
El testimonio de Victoria Montenegro nos permite afirmar que en la brigada femenina en San Martín de la policía de la provincia de Buenos Aires había varios bebés esperando a que los fueran a buscar quienes se apropiarían de ellos y les cambiarían su identidad. El comisario de la brigada fue el padrino de Victoria, él la entregó a Tetzlaff y su esposa diciéndoles que debían educarla en forma cristiana. Allì había una monja cuidando a los bebés. Como surge con evidencia del relato de Victoria Montenegro, ese sitio no era un lugar oculto, del que sólo podían saber unos pocos, sino que Tetzlaff sabía porque él estaba involucrado, su mujer fue allì sin problemas, el comisario no hacía ningún secreto acerca de que tenía los niños allì y los entregaba, la monja actuaba abiertamente sin que le importara que se supiera su condición de religiosa. El comisario no tuvo ningún problema en ser el padrino de Victoria y quedar vinculado de esa manera a su historia, sin duda sentía que el aparato represivo de la dictadura le garantizaba la impunidad. La testigo Adriana Mercedes Leiva confirmó lo que sucedía en esa dependencia policial con los niños.
Es también fundamental como prueba de que se trató de una pràctica sistemática la circunstancia de que muchas mujeres fueran trasladadas desde distintos centros de detención de distintas fuerzas hacia los lugares donde se producían los partos. Es impensable que en la Argentina de esos años se pudiera trasladar a una mujer embarazada desde Mar del Plata o desde Morón hasta la ESMA para que tenga su hijo, luego se hiciera desaparecer a esa mujer y a su bebé se le entregara a otra persona y que ello no respondiera a un plan perfectamente orquestado desde los màximos niveles. Observemos que en varios casos los niños o niñas luego eran entregados a personal de la fuerza o del lugar de donde había partido hacia la ESMA la mujer, como si el bebé ya estuviera reservado desde ese lugar. Por ejemplo el caso Pérez Roisinblit y el caso Rochistein Tauro, en que las madres estuvieron secuestradas por la Fuerza Aérea, se las lleva a la ESMA para el parto y luego se entregan los niños a personal de esa arma. ¿Realmente alguien puede creer que en los casos mencionados actuaron bandas de oficiales de fuerza aerea combinados con bandas de oficiales de la armada y ello a espaldas de los mandos de las respectivas fuerzas?
También el caso de Juan Cabandié; su madre Alicia Alfonsín había estado en el Banco y en la ESMA la visitaba el Mayor Minnicucci, de importante actuación en aquél centro, el Club Atlético y en el Olimpo, y finalmente el bebé fue entregado a un agente de la policía federal, fuerza que intervenía en esos centros; sin duda esa conexión ejército, marina y policía demuestra que la apropiación de bebés estaba organizada desde arriba. En el caso de María del Carmen Moyano de Poblete, fue trasladada a la ESMA desde el centro La Perla, en Córdoba y luego del parto remitida de vuelta, junto con Ana Rubel; en este caso la coordinación ya no es dentro de la Zona I sino con la zona comandada por Menéndez.
Lo mismo puede decirse de los traslados de mujeres embarazadas desde centros de detención hasta el hospital militar central o el de campo de mayo; nadie seriamente puede creer que se trasladaba una mujer embarazada desde el Vesubio hasta el hospital de campo de mayo o desde la Cacha hasta el hospital militar central y que ello era una operación clandestina de algún militar que lo hacía a escondidas de sus superiores. Rosa Taranto fue trasladada desde Vesubio hasta el hospital militar de Campo de Mayo, allì tuvo a su hija, la que le quitaron enseguida, y luego ella fue nuevamente llevada al centro clandestino; este centro dependía del primer cuerpo –Zona I-, el hospital militar en los aspectos médicos dependía del comando de sanidad pero respecto de la seguridad y operativamente del Comando de Institutos Militares–Zona IV-, lo que significa que para apoderarse de la hija de Rosa Taranto intervinieron tres comandos militares, dos comandos de zonas. Hubo varios casos similares, entre ellos el de Teresa Trotta, que continua desaparecida y a su hija se le restituyó su identidad. Las hijas de Rosa Taranto y de Teresa Trotta fueron entregadas en adopción por la misma institución, lo que también revela un patrón de conducta.
El testimonio de Rosaria Isabella Valenzi permite probar cómo personal policial o militar podía trasladar sin problemas una mujer embarazada – Silvia Isabella Valenzi- desde un centro de detención clandestino –Brigada de Quilmes- hasta un hospital como el de Quilmes, que la mujer tenga allì su hija, luego adulterar la documentación del hospital y, como culminación de todo ello, hacer desaparecer a una enfermera y a una obstetra que tuvieron el atrevimiento de informar a los familiares de Valenzi acerca del nacimiento. Los restos de esas dos mujeres aparecieron hace poco tiempo y está probado que estuvieron en el campo clandestino denominado Vesubio; lo que demuestra que quienes tenían a Silvia Valenzi, la llevaron al hospital, se apoderaron de su hijita –y digo que se apoderaron porque más allà de lo consignado en el libro lo cierto es que nunca se pudo establecer que ningún niño haya sido inhumado en esos días luego de fallecer en ese hospital y tampoco existe partida de defunción-, repito que quienes hicieron eso además pudieron secuestrar a esas dos mujeres que se desempeñaban en el hospital y llevarlas a Vesubio, lugar a cargo de oficiales del ejército y allì se decidió su muerte.
Es también importante destacar que los certificados de nacimiento en varios casos son firmados por médicos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la policía bonaerense. Por ejemplo, los certificados de nacimiento de Alejandro Sandoval y de Claudia Poblete están firmados por el médico del Ejército Càceres Monié; este médico militar firmó el certificado de Alejandro Sandoval –quien habría nacido en diciembre de 1977- cuya madre estuvo en Club Atlético, y a fin de 1978 firmó el certificado de Claudia Poblete, una niña que tenía ocho meses al momento de ser secuestrada y cuyos padres estuvieron en Olimpo. Tanta impunidad para firmar esos certificados –que no son los ùnicos- por parte de Càceres Monié demuestra que su conducta no era algo oculto a sus superiores. De idéntica impunidad gozaba el médico de la policía bonaerense Bergés. Recordemos lo que declaró Carlos D Elía Casco: su apropiador le pidió al Coronel Campos –subjefe de la policía de provincia de bs as- que le consiga un bebé y la entrega la realizó el mismo Bergés, lo que demuestra que éste actuaba con pleno conocimiento y colaboración de un oficial superior del ejército.
Hay testimonios que prueban que importantes obispos de la Iglesia Católica sabían de la desaparición de los niños y niñas y de esa entrega a otras familias. Isabel Mariani relató que se entrevistó con Monseñor Montes, un obispo de La Plata y éste le dijo que la dejaran tranquila a la chica que estaba bien con otra familia. Algo similar le dijo Monseñor Graselli a Mariani, en el sentido de que su nieta estaba con una familia poderosa. A Enriqueta, la abuela de Victoria Moyano Artigas, Graselli directamente le dijo que se llevan a los chicos como botín de guerra. Recordemos que Graselli tenía fluìdos contactos con los militares y tenía su sede aquí enfrente en la capilla Stella Maris. Lo mismo ocurrió con el padre de Elena de la Cuadra, quien entrevistó a Monseñor Picchi, también de La Plata, el que le dijo que la chica estaba bien con su nueva familia. También escuchamos a Celina Galeano declarar que el sacerdote Raúl Trotz sabía que su amiga Teresa Trotta había tenido una hija y que la tenía una familia católica, aclarando que esta chica apareció en 2008 y había sido dada en adopción por el Movimiento Familiar Cristiano, el mismo que intervino en el caso Altamiranda Taranto. También Silvia Fontana contó cómo el cura Kabul de Entre Rìos le había dicho al padre que había tenido un nieto. Juan Gelman declaró que se enteró que su nuera había dado a luz por un sacerdote miembro de la Secretaría del Estado del Vaticano y a través de una carta enviada por un obispo que estaba en Argentina. Si esos obispos y curas tenían esa información es porque se la brindaban los militares o policías o también sacerdotes involucrados directamente en los hechos ya que hemos escuchado al testigo Luis Velasco contarnos cómo Von Wernich sabía del nacimiento del hijo de Elena de la Cuadra y de su entrega a otra familia; evidentemente no era una cuestión reducida a sectores marginales de las fuerzas sino que los mandos estaban al tanto de lo ocurrido y no podía ser de otra forma porque desde los más altos mandos se había decidido.
También Mariani nos relató de su entrevista con Mario Amadeo, embajador de Videla en la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas. Amadeo se interesó en el tema pero les dijo que el Coronel Ruiz Palacios le había dicho que no les devolverían los nietos porque si lo hacían los iban a educar como subversivos. Ruiz Palacios era Subsecretario del Interior con Harguindeguy. El ya fallecido Emilio Fermín Mignone relató en la instrucción de la causa algo similar respecto a Mario Amadeo; contó que éste fue a hablar con el Coronel Auditor Cerdà, Secretario Legal y Técnico de Presidencia, quien le dijo que la Junta Militar había aprobado una doctrina mediante la cual los hijos de los subversivos no debían criarse con odio hacia las instituciones militares y por eso los entregaban en adopción. Mignone también mencionó un diàlogo con el General Vaquero, quien le dijo que tenían que enfrentar el problema de que los hijos de los subvesivos no se criaran con odio hacia las instituciones militares. Esto Mignone ya lo había contado en el juicio a las juntas.
También se ha comprobado que los mandos militares contaban con la colaboración de jueces para llevar a cabo el plan de sustracción de los niños y niñas a sus legìtimas familias. Todo esto actualmente se está investigando, la justicia a la justicia se ha venido demorando bastante, pero de los distintos casos y testigos sabemos que había una jueza que manifestaba abiertamente que nunca les entregaría los niños a las familias que denominaba subversivas o terroristas y lo cumplía con casos aberrantes; que otros jueces entregaban las criaturas sin hacer una mínima investigación para tratar de encontrar a sus familiares o directamente le ocultaban información a los familiares que los buscaban. Será en otro àmbito donde se determinarán las responsabilidades de jueces por colaborar en esta siniestra práctica pero lo cierto y concreto es que muchos de los casos de sustracción de menores durante la dictadura fueron blanqueados mediante adopciones con apariencia legal. En este juicio tenemos el caso del hijo de Sara Méndez –en ese entonces Simón Riquelo- quien fue entregado por el Dr. Mitchell al Subcomisario Parodi, pasando por encima del listado de parejas inscriptas en el juzgado para adoptar, siendo cuestionable que se haya entregado el bebé al policía que llamó para dar cuenta del hallazgo ya que no hace falta demasiada experiencia en la justicia para advertir que esa puede ser la forma de blanquear la conducta ilegal de un policía. También del testimonio de Victoria Montenegro surgió la colaboración de magistrados que continuaron durante la democracia y desde allì se encargaban de frenar las denuncias de las abuelas y demás familiares. Además, las abuelas acudieron ante la Corte Suprema solicitando su intervención y sus miembros hicieron un auténtico mutis por el foro.
El testimonio de Elliot Abrams y el documento que acredita su encuentro y conversación con el embajador argentino en 1982 también demuestra que las máximas autoridades argentinas de esa fecha sabían lo sucedido y quiénes tenían a los niños, asì como el perfecto conocimiento que tenía el gobierno norteamericano acerca de la apropiación de chicos por parte de los militares argentinos.
Como se verá más adelante, estos hechos fueron sistemáticamente negados por el gobierno y los mandos militares ante los reclamos de los familiares, organismos de derechos humanos, gobiernos extranjeros y organismos internacionales; la negación de tan aberrantes crímenes constituía una parte necesaria e inescindible de los delitos.
Todo esto nos permite afirmar que la apropiación de los hijos de las vìctimas de la represión de la dictadura fue una derivación del plan general de represión ilegal ya probado en otras causas. Resulta difícil entender cómo es que se llegó a tan aberrantes hechos, cómo quienes recibieron el uniforme y las armas para defender a la patria terminaron arrojando personas desde aviones y sustrayendo criaturas, cómo esa criminal conducta pudo recibir apoyo de sectores de la sociedad que se veían y se ven a sì mismos como parte de una minoría selecta y virtuosa. Pero es necesario intentarlo para contextualizarlos, y para tratar de hacerlo hay que tener en cuenta que la violencia política en la Argentina no nació en 1976, estos hombres no se despertaron un día y decidieron exterminar a miles y sustraer bebès, pero sin duda a partir de ese año alcanzó dimensiones a las que nunca antes había llegado.
Siempre serà arbitrario poner fecha de inicio a la escalada de violencia que culminó en los tenebrosos centros clandestinos de detención de la ùltima dictadura y en la apropiación de bebés y niños que aquí se juzga; todo dependerà del criterio que se tome. En otros juicios los imputados dijeron haber librado una supuesta tercera guerra mundial en la que la Argentina fue agredida por el comunismo internacional y tratan de minimizar los horrores reduciéndolos a daños colaterales, como si la supuesta guerra justificara lo que hicieron. Si en cambio ubicamos estos hechos en el proceso histórico argentino, sin duda inserto en el continente y en el mundo pero no ya como una supuesta guerra mundial, veremos que las fuerzas armadas argentinas fueron actores fundamentales de la polìtica argentina, actores que usaron las armas que les fueron encomendadas para defender al pueblo argentino en beneficio de los intereses de sectores sociales minoritarios y los propios corporativos –eso fueron los golpes de estado- y para ello no dudaron en cometer los crímenes más atroces.
Los hechos históricos que se mencionarán son de dominio público; para acusar, para defender y para fallar en este juicio se requiere cierta cultura histórica. No es necesario demostrar aquí que a partir del golpe militar de 1930 las fuerzas armadas se convirtieron en un sujeto importante de la polìtica y desde 1955 fueron el actor principal y casi excluyente. Sin perjuicio de ello, en diversos libros, películas y documentos incorporados a la causa e incluso en testimonios se ha hecho referencia a los mismos.
La Cámara Federal en el fallo del juicio a las juntas señala el año 1970 como aquél en que comenzó un período que se caracterizó por la generalización y gravedad de la agresión terrorista, tomando esos datos como necesario antecedente de los hechos objeto de juzgamiento. Me permitiré expresar un criterio diferente sobre el fenómeno terrorista -sin pretender agotarlo- y la razón de que lo exprese es precisamente que esos hechos precedentes condujeron a los que aquí se están juzgando. En 1970 en la Argentina había una dictadura; quien habla, ese año cumplió quince años y no había vivido un solo día en democracia, a lo sumo había habido dos breves gobiernos civiles tutelados y derribados por las fuerzas armadas y basados en la exclusión del partido mayoritario. Reducir el fenómeno terrorista a determinada cantidad de bombas y a ciertas muertes es olvidar otras bombas y otras muertes.
Al cumplirse cincuenta años del bombardeo a la Plaza de Mayo y alrededores por parte de aviones navales, el historiador Luis Alberto Romero publicó el 12 de junio de 2005 en el diario La Nación, una nota en la que decía: “hoy podemos ver en el 16 de junio de 1955 un momento significativo en la espiral de violencia polìtica que caracterizó nuestra historia contemporánea y que en poco tiempo llevaría a pràcticas no confesas como el terrorismo clandestino de estado”. No habla sin fundamento Romero; las más de trescientas muertes y mil heridos convierten a ese hecho en el más grave atentado terrorista de la historia argentina; por la cantidad de vìctimas equivale a cuatro atentados a la AMIA. Fueron más muertes que las del bombardeo nazi a la ciudad vasca de Guernica, pero a nosotros nos faltó un Picasso para eternizar ese horror.
Las razones por las cuales se califica de terroristas a ciertos actos y no al criminal bombardeo realizado por aviones de la Marina debemos buscarlas mirando quiénes han sido los dueños del diccionario utilizado para etiquetar a los hechos históricos. Si terrorismo es detonar bombas, ese 16 de junio explotaron más toneladas que en los veinte años siguientes; si terrorismo es matar militares, en tres días de junio de 1956 fueron asesinados el General Juan José Valle, tres coroneles y otros catorce oficiales y suboficiales del ejército, además de nueve civiles, y éste es el otro hecho que para Romero es también originario de la espiral de violencia. Vale aclarar que para esa fecha no había tercera guerra mundial, ni revolución cubana, ni ninguna de las justificaciones que han dado para las masacres posteriores.
No es un dato menor que los jóvenes oficiales de ese 16 de junio fueron los almirantes y generales del 76; el Teniente Emilio Eduardo Massera era ayudante del sublevado ministro de marina y fue juzgado por su participación; Carlos Suàrez Mason fue quien recibió en Uruguay a los pilotos que huyeron luego del bombardeo pues ya estaba prófugo por el fallido golpe del año 1951. Varios de los pilotos que descargaron sus bombas sobre indefensos ciudadanos fueron oficiales superiores en 1976 y en esos años en lugar de bombas ordenarían arrojar a personas al mar.
Hubo millones de argentinos que crecimos en ese paìs en el que se había bombardeado Buenos Aires y sus autores siguieron su carrera militar; en el paìs de la mayoría polìtica proscripta y de los fusilamientos a militares y civiles. En esos años los militares se peleaban a los tiros entre ellos porque unos se decían azules y otros colorados pero estaban unificados en un odio comùn y en 1962 derrocaban un gobierno porque como excepción hubo una elección provincial libre y ganaron los que no debían ganar. La enseñanza pràctica que recibimos fue que quien tenía las armas era quien tenía el derecho a mandar sobre los demás y que la democracia no era el gobierno del pueblo sino el gobierno de quienes se autocalificaban como demócratas. Para millones de jóvenes, la imagen de la democracia era un viejo bueno y honesto que había llegado a la presidencia gracias a la proscripción del partido mayoritario, que fue expulsado de su despacho por la guardia de infantería y se marchó a su casa en taxi.
En la Argentina de 1970 imperaba una dictadura que, visto lo que vino después, puede parecer no tan criminal pero lo cierto es que el poder se sostenía en las armas, ya sea para reprimir protestas sociales –con decenas de muertes-, para encarcelar polìticos y sindicalistas dìscolos o simplemente a mujeres que usaban polleras más cortas que lo que su estricta moral aceptaba y hombres que tenían el pelo más largo del que su concepto de hombría toleraba. Que la noche de los bastones largos de 1966 haya sido mucho más leve que la noche de los làpices de 1976 constituye sólo una diferencia en cuanto a la magnitud de la violencia –lo que no es poco-, pero lo cierto es que quienes mandaban ya lo hacían a los golpes y a los tiros y proclamaban que la dictadura se quedaría por lo menos diez años más.
En 1973 volvió la democracia pero el poder militar permaneció intacto; sólo tenían que esperar la muerte de Perón. Antes de que los mandos militares iniciaran su escalada hacia el poder total imponiendo a Videla como Comandante del Ejército en agosto de 1975, la violencia ya estaba instalada en el paìs. En algunos casos se sabía de donde provenía; es el caso de las organizaciones armadas revolucionarias cuyo alejamiento de la polìtica era inversamente proporcional a su militarización; en términos de Rodolfo Walsh, a medida que se alejaba del pueblo la vanguardia se iba convirtiendo en patrulla perdida. En muchos más casos una misteriosa entidad denominada triple A era la responsable de más de mil muertes sin que nunca pudiera saberse quiénes la integraban pues jamás se detuvo a nadie, aunque luego supiéramos que más allà de López Rega las tres a eran las tres armas. Finalmente, con la complicidad de poderosos intereses económicos, de acuerdo a lo que venía sucediendo en todos los paìses vecinos y también con el apoyo de sectores polìticos, religiosos y hasta culturales, los mandos militares asumieron el poder total el 24 de marzo de 1976 y pusieron en marcha un proceso polìtico, económico y social tendiente a borrar décadas de historia argentina para intentar lograr que nuestro paìs pudiera ser nuevamente regido por aquellos sectores e instituciones que se consideraban la auténtica expresión de la argentinidad. Eso implicaba domesticar rebeldías, debilitar a los sectores obreros y desterrar de la mente de los argentinos esas ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana a las que el imputado Videla y los demás protagonistas de la dictadura consideraban como subversivas. Y para eso necesitaban un grado de violencia inédito y despíadado.
Era necesario exterminar a toda una generación de cuadros políticos, sociales y gremiales, cualquiera fuera la forma de lucha que éstos tuvieran; como dijera Camps en una entrevista que está incorporada a la causa, la confrontación armada era para ellos sólo una de las expresiones de la subversión y no la principal. También lo dijo el imputado Videla: “Subversión es también la pelea entre padres e hijos y entre padres y abuelos. No es solamente matar militares. Es también todo tipo de enfrentamiento social” (Revista GENTE, nª560, 15 de abril de 1976). Se comprenderà que con ese concepto los militares se sentían autorizados a reprimir despiadadamente a todos aquellos que se salieran de la uniformidad que ellos pretendían y si era necesario estaban dispuestos a separar a los padres de los hijos y a éstos de sus abuelos.
Es entonces cuando surgen las decisiones respecto de los hijos de sus enemigos. La propaganda oficial de esos años decía que las madres que reclamaban por sus hijos desaparecidos eran culpables por no haberlos educado y por lo tanto responsables de que ellos se convirtieran en subversivos. Lo dice claramente Ramón Camps en esa entrevista incorporada a la causa: “Los padres subversivos educan a sus hijos para la subversión. Eso hay que impedirlo”. En esa frase está condensado lo esencial de los hechos que se están juzgando aquí.
Había que arrasar con todo lo que tuviera que ver con ese demonio al que llamaban subversión; ello implicaba destruir industrias para que hubiera menos obreros y hacer desaparecer a delegados de fàbricas y dirigentes sindicales para que el movimiento obrero nunca más vuelva a tener el poder que permita que los trabajadores se insolenten y discutan con los patrones; había que prohibir canciones y películas que ocasionaban el enfrentamiento social según la visión de Videla; había que erradicar a los maestros subversivos que incidían sobre las mentes de los niños de preescolar y primaria fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, como figura en un documento emitido por el ministro de educación mediante resolución nª 538 del 27 de octubre de 1977, y al que hiciera referencia María Seoane. También había que quemar libros, como ocurrió, entre otros lugares, en Córdoba por disposición de Menéndez, con obras de Proust, García Màrquez, Cortazar, Neruda, Vargas Llosa y muchos otros, porque “de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta el intelecto y nuestra manera de ser cristiana serán destruìdos los enemigos del alma argentina (Diario La Opinión, 30/4/76).
Asì como los militares se convertían en guardianes del intelecto de los argentinos –tarea para lo cual tenían los instrumentos adecuados... y de diferentes calibres- y velaban porque los niños no sean rebeldes, para los hijos de los subversivos en los casos en que les resultaba posible tenían preparado algo más siniestro: no bastaba con que no ensucien sus mentes con Proust o Vargas Llosa, ni con que tuvieran maestros que les enseñaran a ser dóciles; como consecuencia de sus padres subversivos debían ser educados desde la cuna o desde muy chiquitos por familias que les inculcaran las ideas “occidentales y cristianas”, familias que no estuvieran contaminadas y que no los llenaran de odio contra los militares.
No pretendo sostener que los militares decidieron salir a la caza de los hijos de quienes tildaban de subversivos para apropiàrselos; no se convirtieron en una organización dedicada al secuestro de bebés; no era ese su objetivo pero las decisiones que adoptaron en cuanto a la metodología de exterminio los llevó a esa práctica respecto de los niños. Su fanatismo ideológico les dió la justificación a esa conducta. Sin duda hay muchìsimos casos en los que las fuerzas militares o policiales entregaron los chicos o directamente no los tocaron; afortunadamente la inmensa mayoría de los hijos de las personas secuestradas en esos años no corrieron el mismo destino ya que si ello hubiera ocurrido no estaríamos hablando de cientos de niños sino de miles. No tenían vocación ni facilidades para encargarse de los hijos de sus víctimas mientras los tenían secuestrados y los torturaban. Los centros clandestinos de detención podían tener en algunos casos y por pocos días algún niño, pero no podían convertirse en jardines de infantes.
Si bien hubo casos como el de Sara Méndez o el Ana María Caracoche de Gatica en que pese a que ellas fueron liberadas sus hijos fueron sustraìdos y se les dio otra identidad, lo cierto es que resultaba más viable darles nueva identidad a los niños y niñas cuando sus madres eran asesinadas y desaparecían; la desaparición de los niños era una continuidad de la desaparición de las madres y de sus padres si también estaban cautivos. En los casos de bebés nacidos en cautiverio, la circunstancia de que el parto haya sido clandestino hacía que incluso los familiares en principio no tuvieran conocimiento del nacimiento del bebé y por lo tanto no los buscaran. Hemos visto en el juicio cómo en un principio los familiares se enteraban del parto por algún sobreviviente; Estela Carloto recién se enteró por una sobreviviente de que Laura estaba embarazada varios meses después de su desaparición y recién supo que su nieto había nacido dos años después al encontrarse con Alcira Rìos en Brasil. De los partos producidos en la ESMA se enteraron sus familiares por las sobrevivientes en 1979 o en los años siguientes. Hubo quienes no sabían que su hija estaba embarazada hasta hace pocos años, como es el de Amarilla Molfino que relatara Rodríguez Cardozo. Del nacimiento de Victoria Moyano Artigas pudieron enterarse sus familiares porque Adriana Chamorro y Eduardo Corro fueron primero legalizados y después liberados; sólo ellos eran los testigos de que María Asunción Artigas había tenido una hija.Y respecto de una gran cantidad de los nietos que falta recuperar sólo se sabe que las mujeres estaban embarazadas pero no hay sobrevivientes que hayan relatado sobre el parto. Según los testimonios aquí escuchados, en el Hospital Militar de Campo de Mayo nacieron gran cantidad de bebés pero sólo se ha podido identificar unos pocos casos.
En el juicio hemos visto innumerables pruebas que demuestran que la decisión de evitar que las familias de los que denominaban subversivos eduquen a los hijos de éstos se sustentaba en la idea de erradicar a la subversión definitivamente. No mataban a los bebés porque, como dijera Tetzlaff según contó Victoria Montenegro, ellos eran cristianos, pero sì se consideraban con derecho a usurpar el lugar de las familias y darles una nueva identidad educándolos de acuerdo a sus creencias.
Los dichos de Camps recién citados no constituyen un dato aislado. A Jorge Noguer el imputado Riveros también le dijo que los entregaban a familias bien constituidas ideológicamente. Ya cité lo que Mario Amadeo había puesto en boca de dos jefes militares que se desempeñaban en el gobierno nacional. También escuchamos al testigo Luis Velasco mencionar los dichos de Von Wernich: “Los hijos deben pagar la culpa de los padres. ¿Qué quieren? ¿Qué los entreguemos a los abuelos para que los críen terroristas como ustedes?” También Lila Pastoriza contó que el Capitán D Imperio le había dicho que se entregaba a los bebés a las familias que estaban en condiciones de tener una educación diferente a la de los subversivos. A Teresa Meschiati un capitán le dijo que ellas no podían tener a sus hijos. Vimos en pantalla a Adolfo Scilingo afirmando que los militares se quedaban con los hijos de los subversivos para que sean educados por familias no contaminadas. Hasta una jueza de menores –Delia Pons- se permitía decirle a las abuelas que buscaban a sus nietos que ella no se los daría nunca para que no sean también terroristas y mantenía internados a niños que podían estar con sus familias con consecuencias terribles para sus vidas, incluso la muerte en un caso. Elliot Abrams también dijo que su gobierno sabía que se quedaban con los chicos porque sus familias eran comunistas. Un personaje ligado a las fuerzas armadas, que fuera ministro y embajador en distintas dictaduras, Alvaro Alsogaray, en una entrevista exhibida en un programa de Todo Noticias en 1998 y relatado por María Seoane, justificó a posteriori esa conducta diciendo que “las madres guerrilleras querían que sus hijos siguieran el camino de ellas. Hubo que adoptar medidas para recuperarlos.” Sin duda Alsogaray hablaba con conocimiento de causa.
No tenemos dichos públicos de los imputados como los de Camps. Este era más brutal, en esa entrevista se hace responsable de cinco mil desapariciones, estaba blanqueando a fines de la dictadura lo que todos ellos habían hecho. Mientras Videla hasta el día de hoy sigue escamoteando lo esencial y habla de la guerra y de los actos de crueldad inevitables en toda guerra, Camps hablaba directamente de su responsabilidad en la desaparición de cinco mil personas. Lo mismo ocurría respecto del tema de los niños: Camps en esa entrevista blanqueaba lo que habían hecho y las razones por las cuales lo habían hecho, reivindicaba todo lo hecho y se responsabilizaba de lo real y concreto: cinco mil desapariciones y niños entregados a otras familias para que no sean educados como subversivos. Los que están aquí sentados como imputados nunca tuvieron la desfachatez de confesar sus crìmenes con semejante brutalidad. No disminuye en nada la imagen bestial que uno tiene de Camps el reconocerle que se hiciera responsable de sus crímenes, al menos en la entrevista ya que al ser imputado penalmente negó todo. Los aquí imputados siguen guardando silencio.
Ahora bien, ¿a alguien se le ocurre que Camps fue un personaje aislado, un monstruo secundario de la dictadura que protagonizaran quienes se encuentran imputados en esta causa? Sin duda no fue asì, aunque Camps fuera el responsable directo de varios de los centros clandestinos donde se produjeron partos y sustracción de menores, él respondía a sus superiores. Por otra parte, como surge claramente en este juicio, estos hechos no ocurrieron solamente en dependencias de la policía bonaerense sino que también sucedieron en Campo de Mayo y en la ESMA, en Orletti, en Vesubio, en Olimpo y en otros lugares del paìs, sitios donde Camps nada tenía que ver. Por lo tanto no podrán echarle la culpa al muerto.
Para cerrar este tramo del alegato en el que se han dado los lineamientos generales sobre la certeza de que los hechos aquí juzgados respondieron a decisiones de los máximos mandos militares, voy a apropiarme de las palabras de alguien que las dominaba mejor que yo, de alguien cuyos libros no podían leerse en esos años y que fueron tirados al fuego por Menéndez. Me refiero a Julio Cortázar, autor de libros tan subversivos como Rayuela, que no sé si los que ordenaron prohibirlo y quemarlo lo habrán leído y se extraviaron en el orden de sus capítulos o directamente ni lo leyeron. En noviembre de 1983, en Nueva York decía Cortázar que nada justificaba el secuestro de los niños, “como no fuera el sadismo de los raptores o un refinamiento casi inconcebible de su técnica de intimidación. Si la desaparición de un adulto siembra el espanto y el dolor en el corazón de sus prójimos y amigos, ¿ qué decir de padres y abuelos que en la Argentina siguen buscando, fotografías en mano, a esos pequeños que le fueron arrancados entre golpes, balazos e insultos? Vuelvo a pensar en Dante, vuelvo a decirme que en su atroz infierno no hay ni un solo niño pero el de los militares argentinos responsables de las desapariciones está lleno de pequeñas sombras, de siluetas cada vez más semejantes al humo y a las lágrimas.”
